Busca fortalecer marco jurídico contra extorsión contemplando agravantes específicos

Redacción

Tijuana, 27 de enero de 2026.- Con el fin de fortalecer la legislación en torno a las nuevas formas de extorsión, realizada a través de entornos digitales, el diputado Fidel Mogollón propuso reformar el Código Penal del Estado de Baja California para precisar y robustecer la regulación de este delito cuando se realiza mediante medios electrónicos y tecnológicos.

El legislador argumentó que la extorsión es uno de los delitos con mayor impacto en la sociedad, por lo que consideró indispensable adecuar el derecho penal a la realidad tecnológica actual, para cerrar espacios de impunidad y dotar a las instituciones de herramientas claras y eficaces que permitan enfrentar uno de los fenómenos delictivos de mayor crecimiento.

Recordó que en 2025 en el Congreso estatal se aprobó una reforma integral en materia de extorsión, la cual fortaleció el tipo penal y armonizó la legislación local con el marco jurídico nacional, sin embargo, advirtió que la migración de este delito hacia plataformas digitales ha generado nuevas formas de victimización que requieren un tratamiento normativo más preciso.

Entre las modalidades que han cobrado mayor relevancia, Mogollón Pérez incluyó la extorsión telefónica, la sextorsión, la suplantación de identidad digital, las amenazas mediante redes sociales, el uso indebido de datos personales y los secuestros virtuales, prácticas que provocan afectaciones patrimoniales, psicológicas y emocionales de especial gravedad.

En ese sentido, el inicialista señaló que, si bien el Código Penal vigente contempla el uso de medios electrónicos como una circunstancia agravante, dicha previsión resulta general, ya que no desarrolla de manera expresa las características propias de la extorsión cometida en entornos digitales ni sus particularidades frente a las modalidades tradicionales.

Por ello, propone definir de forma expresa cuándo la extorsión se considera cometida mediante medios digitales y adicionar supuestos agravantes específicos, como el uso de datos personales o contenidos íntimos, la suplantación de identidad, la reiteración sistemática de la conducta y la afectación directa a actividades comerciales o productivas.

Su iniciativa, explicó, no crea un nuevo delito ni modifica la pena base, sino que reforma el artículo 224 BIS del Código Penal estatal, con el fin de brindar mayor certeza jurídica, facilitar la investigación del delito y reforzar la protección de las víctimas, sin generar impacto presupuestal ni invadir competencias federales.