Busca eliminar cargos de arrastre y almacenaje de autos a víctimas de delitos

Redacción

Tijuana, 29 de mayo de 2025.- Para evitar que las personas víctimas de delitos, cuyo vehículo deba ser asegurado como consecuencia, deban enfrentar además la carga de pagar para recuperar sus unidades, el diputado Humberto Valle propuso reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con lo que se eliminarían los cargos por concepto de grúa, arrastre, maniobras, depósito, o almacenaje.

El legislador priista afirmó que la falta de espacios propios en la Fiscalía General del Estado (FGE)  para resguardar los automóviles que participen en hechos delictivos de tránsito, no debe tener como consecuencia que las víctimas carguen con ese costo económico, mientras que los que previamente fueron robados y recuperados frecuentemente son depositados por las mismas autoridades en espacios de almacenamiento a cargo de concesionarios, sin que muchas veces se informe al propio dueño sobre esto.

Valle Ballesteros explicó que esta omisión ocasiona que los vehículos permanezcan en dichos lugares por tiempo prolongado, generándose una obligación de pago por cada día transcurrido, por lo que en ocasiones, cuando el dueño es notificado y debe cubrir los cargos al concesionario, el monto de almacenaje llega a ser superior al valor real del automóvil.

Por ello, propuso que cuando los actos de investigación impliquen el traslado de un vehículo de una víctima a un espacio de almacenamiento y/o depósito, operado por una persona física o jurídica concesionaria del servicio público de grúas, arrastre y almacenamiento de vehículos, inmediatamente después de que concluyan los actos de investigación, el vehículo deberá ser devuelto y entregado, sin ningún cargo o costo a la víctima.

Asimismo, plantea que negativa de la persona física o jurídica concesionaria del servicio público de grúas, arrastre y almacenamiento de vehículos, a devolver el vehículo a la víctima sin cargo o costo alguno, se castigue en términos del Código Penal y sea causal para revocarle los contratos y permisos de operación.