Busca diputada una gestión del agua más justa y con representación ciudadana

Redacción

Tijuana, 15 de julio de 2025.- Con el fin de mejorar el bienestar y la seguridad de la población bajacaliforniana, a través de una gestión hídrica más eficiente, espacios públicos dignos y con el fortalecimiento de la participación ciudadana en el uso de recursos, la diputada Daylín García presentó tres iniciativas ante el Congreso estatal.

La primera propuesta de la legisladora de Movimiento Ciudadano consiste en reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para establecer como responsabilidad del Gobierno estatal, en coordinación con los municipios y organismos operadores del agua, el suministro gratuito y suficiente de agua tratada para el riego y mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines comunitarios.

"Las áreas verdes no son un lujo, son una necesidad para la salud física, mental y ambiental de nuestras comunidades", afirmó la inicialista, y agregó que en una entidad con estrés hídrico como Baja California, se debe garantizar su conservación sin afectar la economía de las familias.

La segunda iniciativa plantea reformar la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado para restituir la figura de consejeros ciudadanos en los Consejos de Administración de los organismos operadores del agua. Esta representación, una de carácter social y otra empresarial, sería designada mediante convocatorias públicas, y permitiría fortalecer la vigilancia, la transparencia y la legitimidad de las decisiones. 

Al respecto, García Ruvalcaba afirmó que "eliminar la representación ciudadana fue un retroceso, por eso hoy proponemos corregirlo para que la sociedad tenga voz en cómo se gestiona un recurso tan vital como el agua".

Finalmente, su tercera propuesta es adicionar los artículos 91 BIS y 100 BIS a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado, con el fin de establecer que los ingresos obtenidos por concepto de inspecciones y multas se destinen exclusivamente a los sistemas de agua potable, priorizando además su aplicación en los polígonos territoriales donde se originaron dichos ingresos. 

"Lo justo es que los recursos generados por sanciones se reinviertan en las comunidades donde se detectaron las irregularidades. Eso fortalece la justicia territorial y la eficiencia del gasto público", argumentó.