Avanza en comisiones 'Ley Amparito'; darían hasta 8 años de cárcel a responsables de ataques animales

Redacción

Tijuana, 11 de agosto de 2025.- Entre cuatro y ocho años de prisión podrían recibir los propietarios o personas responsables de animales que ocasionen la muerte de una persona durante un ataque en Baja California, al avanzar en comisiones las reformas al Código Penal que en ese sentido propone la llamada "Ley Amparito". 

El órgano a cargo de dictaminar la iniciativa, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, aprobó modificar el Código Penal para tipificar el homicidio y las lesiones causadas por ataques de animales, cuando la conducta de una persona —ya sea por acción directa o por descuido— derive en daño a terceros. Esto incluye casos en los que el animal es azuzado, soltado deliberadamente o por omisión del deber de cuidado.

Durante la sesión, se dio la palabra a Lidia Soto, la inicialista ciudadana, además de algunas diputaciones, quienes expusieron sus consideraciones. Tras las intervenciones, se estableció que si un ataque de animal causa la muerte de una persona, se impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión al propietario o garante del animal.

El diputado Juan Manuel Molina señaló que esta primera etapa busca establecer el tipo penal con claridad, para evitar impugnaciones y avanzar posteriormente en agravantes y sanciones. Aclaró que la reforma sanciona directamente las conductas humanas relacionadas con los ataques caninos.

Con el objetivo de que las personas que presenten iniciativas ciudadanas participen en la discusión de proyectos legislativos, también se aprobó el proyecto presentado por la diputada Araceli Geraldo, para reformar la Ley de Participación Ciudadana del Estado, específicamente el artículo 72.

Asimismo, se dio luz verde a la iniciativa de la legisladora Michel Sánchez, quien busca establecer la obligación del Congreso del Estado de publicar en su portal oficial de Internet la información y el acceso para su consulta respecto a las iniciativas ciudadanas que han sido prestadas.

Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda envió proyecto de reforma constitucional que armoniza la norma local con el decreto federal sobre simplificación orgánica, contempla la desaparición del ITAIP BC y transfiere sus funciones a los órganos de contraloría.

Además, fueron respaldadas las iniciativas de los diputados Diego Echevarría y Juan Manuel Molina para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, mediante las cuales se plantea desclasificar información reservada bajo criterios claros, y obligar al Poder Judicial a difundir versiones públicas de todas sus sentencias.