Aprueba BC Ley de Justicia Alternativa para ofrecer procedimientos más ágiles y flexibles

Redacción

Tijuana, 30 de enero de 2026.- Con el objetivo de regular los mecanismos alternativos de solución de controversias en casos donde las personas tengan la posibilidad de decidir libremente en materia civil, familiar, mercantil y laboral, el Pleno de la XXV Legislatura aprobó por unanimidad la nueva Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, con la que se pretende fortalecer el acceso a la justicia, ofreciendo procedimientos más ágiles y flexibles.

La iniciativa fue presentada por Alejandro Fragozo, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, con el argumento de que el ordenamiento fomentará también la cultura del diálogo y la negociación en procedimientos más cercanos, dinámicos y eficaces en comparación con los procesos judiciales tradicionales.  

El magistrado añadió que la propuesta busca garantizar el derecho de toda persona al acceso a la justicia; dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008 que ordena prever mecanismos alternativos de solución de controversias; y armonizar la legislación estatal con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias publicada en 2024.

Asimismo, Fragozo López subrayó la experiencia pionera de Baja California, que desde 2007 cuenta con una Ley de Justicia Alternativa y con sedes en Mexicali, Tijuana y Ensenada, además de servicios en juzgados de Tecate, Playas de Rosarito y de manera gradual en San Felipe y San Quintín.

En ese sentido, la nueva Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California se compone de 147 artículos ordinarios, distribuidos en 11 capítulos y acompañados de 12 disposiciones transitorias, lo que constituye un ordenamiento robusto y actualizado.

Además, la iniciativa visibiliza a las personas indígenas y afromexicanas para resolver conflictos en materia administrativa, comunitaria y escolar, respetando la normatividad aplicable en cada ámbito.

La propuesta fue aprobada de forma unánime por el Pleno, confirmando a Baja California como pionera en la materia y alineándola con los nuevos parámetros federales, fortaleciendo la justicia alternativa como un servicio cercano, eficiente y con enfoque de derechos humanos.