Redacción
Ensenada.- El amago del gobernador Jaime Bonilla Valdez de expropiar el Club Campestre Tijuana para que sea un lugar de uso público trascendió la frontera del municipio y provocó reacciones en el sector privado de Ensenada; el presidente de la Coparmex del puerto, Martin Muñoz Barba, consideró que aunque es improcedente, la sola mención indica que la propiedad privada de quien no comparta ideas con el mandatario está en "riesgo latente".
Las expresiones del gobernador Jaime Bonilla Valdez en el sentido de expropiar el Club Campestre de Tijuana, propiedad de una asociación civil, representa un riesgo para la seguridad jurídica de la propiedad privada de cualquier persona física o moral; generan un clima adverso para la inversión y vulneran el marco legal, consideró Muñoz Barba.
Cuestionó que "estas acciones se perciben como resultado de presiones políticas del gobernador en contra de otro gobernante en el que nada tiene que ver un centro de recreación, que es propiedad de la ciudad de Tijuana a través de la asociación civil que la auspicia", dijo en un comunicado de prensa en referencia al conflicto que protagonizan Bonilla y el alcalde Arturo González Cruz. Dijo que aun cuando "estamos convencidos de la improcedencia de esta acción” el solo plantearlo denota el riesgo y peligro latente que pende sobre la propiedad privada en estado, porque en cualquier momento algún ciudadano que no comparta las ideas del gobernador, puede ser víctima de presiones sobre sus bienes. Muñoz Barba se pronunció por que "la máxima autoridad del estado rectifique esta pretendida acción y deje de lado perturbar la tranquilidad de Baja California, por diferencias políticas con otras personas o entidades" y planteó su rechazo a que se "envíen señales equivocadas que impacten negativamente la atracción de inversión privada a Baja California".