Abrumada Sheinbaum

Jaime Flores Martínez

Miércoles 5 de noviembre del 2025.- Agobiada por la presión derivada de la extrema violencia, la presidenta se mostró extremadamente limitada al responder, con evidente angustia: ¿Que proponen?

Así respondió la mandataria al ser cuestionada en la mañanera sobre las acciones luego de la ejecución del alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez la noche del sábado en el centro histórico de aquella población.

El asesinato de Manzo cimbró y comprobó que la delincuencia organizada gobierna extensas zonas del territorio nacional.

Atrapada en un callejón sin salida la presidenta Sheinbaum solo atinó a responder con una pregunta espejo: ¿Qué harían?

La respuesta que le dan los mexicanos a la presidenta es muy simple: ¡Que el gobierno rompa sus vínculos con los criminales!

Y es que el asesinato del alcalde de Uruapan, Juan Carlos Manzo y antes la ejecución del líder de productores de limón, Bernardo Bravo ubicaron al gobierno de Claudia Sheinbaum en el despeñadero.

Se precisó que en su conferencia de todos los días la presidenta Claudia Sheinbaum se quiso proyectar suficiente al preguntarle a “la derecha y a los comentócratas” cuáles eran sus propuestas ante la actual situación. ¿Qué proponen? preguntó.

Hay quien dice que la propuesta sería romper el pacto político-criminal que ha convertido al país y a un buen número de estados en una zona de guerra.

En específico Michoacán vive un conflicto paramilitar y una carrera armamentista donde la pugna por el control de la zona la realiza el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Los Viagras (aliados temporales del CJNG) y los Cárteles Unidos (coalición de ex-mandos de los Caballeros Templarios y mafias locales). En su disputa estos grupos echan mano de recursos tecnológicos como Drones con explosivos; minas terrestres, vehículos blindados y armamento de alto calibre como Barrett y calibre 50.

Además, recurren a la contratación de mercenarios extranjeros (colombianos, estadounidenses) e incluso francotiradores de fuerzas especiales mexicanas.

Para las autoridades estadounidenses claro que estos grupos protagonizan una disputa por ejercer en Michoacán el esquema de extorsión de miles de millones de dólares anuales a las industrias de exportación de limón y aguacate.

El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, el 20 de octubre en Apatzingán, fue un mensaje político de la mafia contra quienes denuncian abusos.

Otro caso es el de una joven identificada como Josefina de 19 años, quien fue asesinada y quemada por sus empleadores criminales en una clara muestra el nivel de terror.

Nancy Canjura, integrante de la Organización No Gubernamental (ONG) “Causa Común” precisó que el ataque a Carlos Manzo Rodríguez en una plaza pública es una prueba inequívoca que los grupos criminales —y no las autoridades— los que controlan el territorio.

La mayoría no se explica cómo la doctora Sheinbaum lanza la pregunta  “que proponen” si en su gobierno laboran personajes que conocen perfectamente el tema, específicamente el actual jefe de la Oficina de la Presidencia Lázaro Cárdenas Batel, quien despachó como gobernador de Michoacán.

Durante la gestión presidencial del panista Felipe Calderón, el entonces gobernador michoacano Lázaro Cárdenas llegó a estar desesperado por la violencia incontenible y pidió la intervención de las fuerzas armadas.

La visión generalizada es que el entonces presidente Felipe Calderón inició con ello en Michoacán la célebre “guerra contra el narco”.

Otro funcionario de su gobierno que debería darle alternativas de solución a la violencia en Michoacán es el mismísimo secretario de Seguridad Ciudadana del país Omar García Harfuch, calificado por muchos como un “súper funcionario”

García Harfuch fue alto mando de la entonces Policía Federal en el Estado de Michoacán en 2014, precisamente durante la estrategia de Enrique Peña Nieto para romper el monopolio de los Caballeros Templarios.