Cicuta News - Internacional - 24/09/2020
En Estados Unidos, la administración del presidente Trump volvió a imponer la controversial regla de carga pública a inmigrantes.
Esta regla aprobada en 2019, permite denegar la residencia permanente a los solicitantes a los que el gobierno considera que pueden depender de prestaciones públicas, como cupones de alimentos o ayudas para vivienda.
A finales de julio del 2020, el juez federal George Daniels bloqueó la regla debido a la pandemia de coronavirus, alegando que "los inmigrantes se ven obligados a tomar una decisión imposible entre poner en peligro su seguridad personal y la salud pública o su estatus migratorio".
Pero la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió ese fallo el pasado 11 de septiembre.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) subió a su sitio de internet la nueva guía en donde señala que aplicará la prueba de carga pública a todas las futuras y pendientes solicitudes de tarjeta de residencia presentadas después del 24 de febrero de 2020, cuando la agencia implementó la regla tras recibir la autorización de la Corte Suprema.
“No volveremos a juzgar ninguna solicitud o petición que haya sido aprobada después de la emisión de la orden judicial del 29 de julio de 2020, que continúa hasta la fecha de este aviso”, señala el USCIS en su página, es decir, después de la orden judicial del juez Daniels.
Los inmigrantes con síntomas de COVID-19 que busquen tratamiento o servicios preventivos no serán afectados como parte del análisis de la carga pública, según informa la USCIS.
“La regla de carga pública no restringe el acceso a pruebas, exámenes médicos o tratamiento de enfermedades transmisibles, incluido el COVID-19.
Si un inmigrante necesita solicitar beneficios públicos durante la pandemia para sobrevivir la cuarentena debido a que su escuela o trabajo están cerrados, podrá enviar una carta para explicar a USCIS esta situación, a fin de que no afecte negativamente su solicitud de residencia permanente. Solo tenga cuidado de conservar la documentación que le permita probar que necesitó los beneficios públicos debido al coronavirus.
