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Sigue prófuga Gisel Aidée

  • 13 abr
  • 2 min de lectura

Redacción

Lunes 13 de abril del 2026.-La justicia en Baja California no tropieza, sino que se evidencia y se desploma.

En el caso de Gisela Aideé Cervantes Castro esa justicia raya en lo grotesco.

La joven Gisela fue responsabilizada del asesinato de su novio Jonathan Palma en septiembre de 2021 en Tijuana.

Ella pasó dos años en prisión preventiva en la Penitenciaría de Tijuana y en esos momentos todo indicaba que el proceso seguiría su curso.

Sin embargo, en un giro tan opaco como indignante —luego de 2 años de prisión preventiva—el juez de control José Guadalupe Sígala Andrade decidió liberarla.

Esa liberación ocurrió así, sin aviso ni explicaciones.

No fue siquiera capaz de notificar a la Fiscalía General de Justicia de Baja California.

Así pues la autoridad encargada de investigar y acusar no fue siquiera informada que la imputada salió de prisión por su propio pie y seguramente con una sonrisa.

La pregunta es por qué la liberaron y otra más seria por qué lo hicieron con tanto silencio.

Seguramente no hubo error administrativo, sino una cadena de omisiones y con ello el tufo que huele a complicidad.

En mejor de los casos se percibiría una incompetencia alarmante.

Una semana después —como si alguien hubiera despertado tarde de una siesta burocrática— se giró una nueva orden de aprehensión contra esta joven.

Un gesto tardío, inútil, casi simbólico.

Para entonces, Cervantes Castro ya no estaba.

Ella se esfumó del radar de las autoridades que, por cierto, nunca explicaron nada.

Hoy el periodista Ricardo Ravelo publica que la joven probablemente se encuentra en Estados Unidos y esto francamente, suena más a conclusión lógica que a especulación.

Porque en momentos que el sistema abre la puerta de la cárcel sin avisar a nadie, lo mínimo es que el beneficiado cruce la frontera y no mire atrás.

Esto no es solo un caso judicial mal llevado, sino un retrato brutal del desorden institucional.

Una fiscalía que no se entera, un juez que no explica, una orden de reaprehensión que llega tarde y una acusada que simplemente desaparece.

¿Y la familia de Jonathan Palma? simplemente debe observar desconcertada cómo el sistema que prometía justicia se convirtió en cómplice de la impunidad.

En Baja California no se fugan los detenidos, sino que la propia autoridad expide pasaportes y luego, con un cinismo impecable, dicen que los buscan.

 
 
 

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