Cicuta News – Nacional – 04/06/2020
La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración solicitó, a las fiscalías de Baja California y Jalisco, información de las carpetas de investigación por los casos de uso excesivo de la fuerza que se registraron en ambas entidades federativas.
El primer caso ocurrió en Tijuana, Baja California, el pasado 28 de febrero; mediante un video que se dio a conocer a través de redes sociales, se observa a un hombre en situación de calle, identificado como Oliver López, que fue detenido por la policía municipal en las inmediaciones de una gasolinera.
Mientras era sometido en el suelo, un oficial le puso el pie sobre el cuello, lo que ocasionó que el hombre falleciera.
El segundo caso ocurrió en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; se trata del joven identificado como Giovanni López, que fue golpeado y detenido por presuntos elementos de la policía ministerial supuestamente por no portar cubrebocas como se observa en un video difundido el pasado miércoles en redes sociales.
De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los elementos ministeriales se llevaron detenido a quien identificaron como trabajador de la construcción y que al día siguiente fue reportado como fallecido.
El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacer frente a la pandemia, que incluyen el uso de la fuerza pública y que llevó a la comisión de abusos por parte de la autoridad.
“Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables”, subrayó el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.
Destacó que, ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del coronavirus COVID-19, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública y refrendó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen el deber de garantizar las condiciones para que éstas se lleven a cabo, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.
El subsecretario Alejandro Encinas conminó a las autoridades estatales y municipales a no caer en acciones de intolerancia.
“No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”, enfatizó.
