Redacción
Tijuana.- Con el fin de incorporar a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) los principios de disciplina y rendición de cuentas, el Congreso bajacaliforniano aprobó por unanimidad modificar la Ley Estatal Anticorrupción, por iniciativa de la diputada Rocío Adame.
La legisladora morenista argumentó en su propuesta que es necesario reforzar y mejorar la labor gubernamental de los servidores públicos involucrados para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado él SEA. Añadió que el artículo 133 de la Carta Magna señala que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del SEA, los entes públicos tienen la obligación de establecer y mantener condiciones que permitan el buen funcionamiento del Estado, así como la ética y responsabilidad en cada uno de los servidores públicos, por lo que consideró necesario "agregar a la normatividad estatal dos principios esenciales en materia de combate a la corrupción, siendo estos el de disciplina y el de rendición de cuentas”, dijo Adame Muñoz.
Expuso que la disciplina en el servicio público consiste en que los servidores públicos cumplan con sus deberes y obligaciones de forma ordenada, metódica y perseverante, con el objetivo de obtener los mejores resultados en el servicio que se ofrece al público. Por otro lado, la rendición de cuentas implica que los servidores públicos asuman la responsabilidad frente a la sociedad y a las autoridades. Esta noción se deriva del ejercicio de sus funciones y se manifiesta en la información, explicación y justificación de sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio de la ciudadanía.
Estos principios, señaló la diputada, guardan estrecha relación con el mandato de la Constitución de Baja California, en relación a que toda persona servidora pública, de cualquier naturaleza en la administración pública de cualquier nivel, es responsable de sus actos u omisiones en que incurra en el desempeño de sus funciones.
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