Redacción
Tijuana.- En respuesta a la demanda de la ciudadanía de que se reduzca el gasto en la imagen de gobierno, el diputado César González presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula la Imagen Institucional de Baja California, que tiene por objeto establecer los lineamientos y criterios para regular el uso institucional de la imagen de los entes públicos, y la difusión institucional de las dependencias y entidades.
El legislador del PVEM indicó que su iniciativa pretende fortalecer la identidad institucional, sin tener que modificarse cada cambio de gobierno el logotipo, los colores y en algunos casos, generando desperdicio de dinero, papelería, recursos y otros suministros.
Se sugiere englobar dentro de los entes públicos obligados a observar las propuestas materia de la presente iniciativa, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos y a los municipios, evitando de esa manera la promoción personalizada de cualquier servidor público, e incluso de algún partido político, así como un dispendio presupuestal, o la ineficiente distribución y aplicación de los recursos públicos.
González García argumentó que la ciudadanía demanda un manejo eficiente y responsable del gasto público, solicitando como objetivos inmediatos de los gobiernos, la implementación de programas y medidas dirigidas al desarrollo del estado en diversos rubros, tales como seguridad pública, salud, educación, infraestructura y medio ambiente.
Añadió que una de las primeras acciones implementadas en los cambios de gobierno es el cambio de imagen oficial. Es decir, se observan brigadas de pintores borrando logos o lemas de sus antecesores colocados en edificios públicos, mobiliario y todo aquello que es visible a la ciudadanía, problemática que ha sido más notable a nivel municipal, por la alternancia que se ha dado en esos gobiernos, pues aunque lo primero que declaran los alcaldes entrantes es la carencia de recursos públicos y la necesidad de implementar medidas de austeridad, inmediatamente procuran difundir su nueva imagen, intentando imponer un sello personal a sus gestiones, y darle identidad propia a sus programas o políticas públicas.
Por ello, afirmó, resultan infundadas las declaraciones realizadas en los actos de campaña, ofertadas por los entonces candidatos a puestos de elección popular, donde aducen que son enormes los pasivos a liquidar, y que no existe suficiente dinero. La carencia de un marco jurídico apropiado motiva a incluir en el proyecto de Ley que se inicia, reglas para la asignación clara, objetiva, transparente y no discriminatoria de contratos, para la prestación de los servicios de elaboración y difusión de propaganda oficial.
Por tales motivos, resulta importante legislar, para evitar gastos excesivos cada vez que cambia una administración, puntualizó.
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