Redacción
Tijuana.- El Estado mexicano está obligado a salvaguardar el derecho a la salud, señaló un juzgado federal del Estado de México, por lo que los dos amparos concedidos a padres de familia para que el gobierno vacune a sus hijos menores contra Covid-19 sin importar su condición de salud deberían tener efectos generales.
Las suspensiones, que ordenan a la federación modificar su política de inocular solamente a menores de 12 a 17 años con comorbilidades, pueden ser impugnadas ante un tribunal que podría confirmar, modificar o revocar las medidas cautelares. Hasta ahora se han concedido más de 270 suspensiones al respecto, para que menores a partir de 12 años puedan ser inmunizados.
Las suspensiones, que fueron otorgadas luego que padres de familia acusaran omisión de la Presidencia y de la Secretaría de Salud al no vacunar a los adolescentes, vulnerando su derecho a la salud, indican que los menores deberán ser inoculados antes de marzo de 2022.
El fallo del Juzgado Séptimo de Distrito de Naucalpan, Estado de México, tomó a consideración el riesgo de contagio al que se encuentran expuestos los menores ante la variante Delta del coronavirus, que tiene una mayor transmisibilidad y afecta con mayor proporción que las demás variantes a la población joven.
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