Redacción
Tijuana.- El proceso legal del Estado mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó en una audiencia sus argumentos respecto a la responsabilidad de las armerías en la negligencia que ha permitido la distribución entre grupos criminales en México.
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la SRE, expuso que al dar seguimiento a los números de serie de las armas decomisadas, se rastrean hasta su origen en Estados Unidos, donde son adquiridas generando su tráfico ilícito mediante el que se distribuyen en México. "Es claro que estos puntos de venta están alimentando a las organizaciones criminales en mí país, y ahí radica su negligencia, término que utilizamos porque así lo hemos manejado en la demanda civil, pero evidentemente es una irresponsabilidad, total descuido, ilicitud, complicidad", aseguró.
Destacó que su responsabilidad reside en que aun sabiendo que sus productos serán utilizados por criminales, no toman medidas para evitarlo, por lo que pidió que la industria de armas en Estados Unidos se autorregule y propuso que se condicione la distribución a la prudencia de los vendedores, o que se dejen de ubicar tiendas de armas a unos metros de la frontera.
El funcionario federal aseveró que es posible llamar a rendir cuentas a empresas cuyas acciones afecten los derechos humanos.
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