La militarización migratoria de Trump: brutalidad disfrazada de orden

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México 09 de junio 2025.- Hasta dónde es capaz de llegar el presidente Donald Trump en su política de odio contra los inmigrantes: Ya lo vimos este fin de semana. La orden fue contundente: desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles para someterlos y arrestarlos.

No fue un acto de seguridad, sino una demostración de fuerza sin distinción ni humanidad. Bajo el pretexto de “restablecer el orden”, permitió que agentes actuaran con brutalidad incluso contra mujeres, niños y personas mayores.

El  despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, constituye no solo una provocación política, sino una peligrosa distorsión de la ley que debería escandalizar a cualquier demócrata convencido.

Los testimonios y videos que corrieron como pólvora en redes sociales y todos los medios informativos del mundo dieron cuenta de ventanillas rotas, personas arrastradas con violencia de sus vehículos y detenciones arbitrarias, en una cacería contra migrantes sin documentos.

Estas acciones no solo son moralmente inaceptables; también erosionan principios básicos del Estado de derecho y de derechos humanos. La migración no se resuelve con redadas ni con violencia, sino con políticas públicas dignas, justas y humanitarias.

Este es un nuevo episodio de populismo punitivo. Donald Trump ha vuelto a jugar con fuego. Esta vez, su blanco no solo fueron  los migrantes, sino la legalidad misma del federalismo estadounidense.

Pero vayamos poniendo todo en contexto: La Guardia Nacional, históricamente movilizada para enfrentar desastres naturales y situaciones de emergencia —como el huracán Katrina o los incendios forestales californianos— fue convertida por Trump en una herramienta para sofocar la protesta social contra su política migratoria, y endurecer las persecuciones.

No es la primera vez: ya en 2020, la utilizó para reprimir manifestaciones tras el asesinato de George Floyd. Ahora la despliega, sin coordinación con el gobierno estatal, para apoyar operativos del ICE y criminalizar la disidencia contra su política migratoria.

El argumento de Trump es claro y peligroso: las protestas en defensa de los migrantes son una "rebelión". Con ello justifica, bajo el paraguas del Título 10 y en los márgenes de la Ley de Insurrección, la federalización de la Guardia Nacional sin autorización estatal.

Un acto que no ocurría desde 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson movilizó tropas en Alabama para garantizar una marcha por los derechos civiles. La diferencia es abismal: Johnson intervino para proteger derechos; Trump, para pisotearlos.

La retórica del Trump no deja lugar a dudas: amenaza con arrestar al gobernador Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, por presuntamente obstruir la labor de las autoridades migratorias. Y su aliado Tom Homan, autoproclamado "zar de la frontera", afirma que esconder a migrantes es un "crimen grave" y exige agradecimiento a Trump por hacer "más segura" a California. Se trata de un discurso que se alimenta del miedo, la desinformación y el autoritarismo, disfrazado de legalidad.

Este uso político y unilateral de la Guardia Nacional sienta un precedente peligroso. ¿Hasta dónde puede un presidente a reinterpretar la ley para imponer su agenda personal? ¿Qué queda del principio de autonomía estatal si el Ejecutivo federal puede militarizar las ciudades sin diálogo, sin consenso, sin protocolos?

Mientras tanto, la población migrante —demonizada, perseguida y utilizada como chivo expiatorio— paga el precio. Miles de personas han salido a las calles a exigir dignidad y justicia, no porque amenacen al Estado, sino porque son víctimas de su aparato represivo. Y frente a ellos, la respuesta no ha sido el diálogo ni la legalidad, sino el músculo militar y la propaganda del miedo.

La judicialización de este conflicto es inminente, pero el daño simbólico ya está hecho. La Guardia Nacional, una fuerza creada para proteger, ha sido utilizada para intimidar. La democracia estadounidense, ya erosionada, sufre otro golpe a manos de un líder que entiende el poder no como servicio, sino como imposición.

Frente a esta escalada, el silencio no es opción. Defender el derecho a protestar, el principio de legalidad y la protección de los migrantes no es solo un deber político: es un imperativo moral.

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