Justicia sin Fronteras, un revés para las deportaciones arbitrarias

Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 1 abril 2025. En la incansable lucha por los derechos de los migrantes, un rayo de esperanza emerge desde los tribunales estadounidenses. Mientras el gobierno de Estados Unidos persiste en su afán de deportar indiscriminadamente a personas indocumentadas, un juez federal ha puesto freno a una de sus estrategias más cuestionables: el traslado forzado de migrantes a terceros países sin considerar los riesgos que esto implica.

La decisión del juez Brian E. Murphy establece un precedente crucial al reconocer que cualquier persona con orden final de deportación merece una "oportunidad significativa" para demostrar que ser enviada a un tercer país podría poner en peligro su vida. Esto revierte una práctica del gobierno de Donald Trump, que, a pesar de sus problemas legales, sigue promoviendo políticas migratorias que priorizan la expulsión a cualquier costo, incluso a países donde los deportados enfrentan amenazas serias.

El fallo se traduce en una barrera legal contra la práctica de enviar migrantes a países como Panamá, Costa Rica o El Salvador cuando las autoridades encuentran dificultades para deportarlos a sus lugares de origen. En algunos casos, los propios jueces han determinado que el país natal del migrante es demasiado peligroso, pero en lugar de conceder protección, el gobierno opta por un traslado forzado a un destino alternativo, sin garantías de seguridad ni dignidad.

Los defensores de los derechos de los migrantes han sido claves en esta batalla legal. Organizaciones como la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración lograron que el juez Murphy, nombrado por el presidente Joe Biden, fallara a favor de quienes han sido víctimas de esta política o temen serlo en breve. Sus argumentos prevalecieron frente a las afirmaciones del gobierno, que insistía en que una suspensión temporal interferiría con la aplicación de las leyes migratorias.

Este revés judicial no solo representa una victoria legal, sino también un recordatorio de que la justicia debe estar por encima de la política del miedo. Los migrantes no son números en una estadística, sino seres humanos con historias, familias y derechos. Y aunque el camino hacia una política migratoria más justa es largo y complejo, decisiones como esta confirman que la ley puede ser un refugio cuando la compasión parece escasear en los pasillos del poder.

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