Redacción
Tijuana.- Derivado del caso de la planta fotovoltaica en Mexicali, un ex oficial mayor del gobierno anterior fue inhabilitado para ejercer la función pública durante tres años, informó ayer lunes la secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar, quien resaltó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha instruido una política pública de cero tolerancia contra la corrupción y las malas prácticas gubernamentales.
Durante una rueda de prensa realizada en Mexicali, la funcionaria estatal detalló que hay otros cuatro presuntos responsables que podrían enfrentar la misma resolución ante las autoridades jurisdiccionales, luego de comprometer de manera ilegal el patrimonio de las y los bajacalifornianos para un proyecto de generación de energía que no contaba con autorización alguna.
Del Villar Casas informó además sobre una denuncia integrada por deficiencias en el ejercicio del recurso federal para el mantenimiento de escuelas bajacalifornianas por 64 millones de pesos, por lo que se están previendo delitos de ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y peculado, presuntamente cometidos por 11 personas servidoras públicas y un particular.
Adicionalmente, una de las denuncias incluye una presunta afectación al erario por 12.6 millones de pesos por parte de 10 personas ex servidoras públicas, misma que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de recurso federal.
"Otra denuncia que presentamos fue la utilización de recursos federales distintos a lo etiquetado en anexo de ejecución por 47 millones 447 mil 124 pesos. Uso ilícito de atribuciones, facultades y peculado. También se encuentra allá ante la Fiscalía especializada en materia de corrupción de la Fiscalía General de la República", explicó Del Villar Casas.
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