Redacción
Tijuana.- Con el fin de integrar un representante de personas con discapacidad y en vulnerabilidad social al Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte, el Pleno del Congreso bajacaliforniano aprobó una iniciativa de adición a la Ley de Cultura Física y Deporte de Baja California.
Por iniciativa de la diputada Gloria Miramontes y con 20 votos a favor, se aprobó el dictamen 126, presentado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, considerando que en un país y un Estado donde el deporte juega un papel fundamental en la sociedad, es esencial reconocer y apoyar a los atletas que representan a nuestra nación y entidad en competencias nacionales e internacionales.
Miramontes Plantillas señaló que el deporte adaptado o paralímpico se refiere a las actividades deportivas que han sido modificadas o diseñadas específicamente para permitir la participación de personas con discapacidad. Destacó que dichas disciplinas se practican a nivel competitivo en los Juegos Paralímpicos y otros eventos deportivos internacionales, abarcando una amplia gama de actividades que se adaptan a diferentes tipos de discapacidades, como la física, visual, auditiva o intelectual.
Detalló que la ley referida es la encargada de reglamentar el derecho que tiene toda persona a la práctica del deporte y a la cultura física, y prevé al Consejo Estatal de Cultura Física y Deporte como órgano de carácter consultivo en materia de cultura física y deporte, su función primordial de asesorar a las entidades de los sectores públicos social y privado que fomenten u organicen actividades deportivas de cualquier índole.
Por otro lado, dicho organismo propone a la Secretaría de Educación y Bienestar Social las políticas y acciones que deban promoverse, con el objeto de que un mayor número de bajacalifornianos se beneficie con las actividades en cuestión. Sin embargo, pese a que el Consejo se integra por una pluralidad de representaciones de diversos ámbitos, no incluye a una persona representante de organismos para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.
Por ello, indicó Miramontes Plantillas, resulta vital que la toma de decisiones se realice con un enfoque inclusivo, a fin de trazar las políticas públicas y ejecutar las acciones necesarias que garanticen la participación activa de las personas con discapacidad.
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