Redacción
Tijuana.- A raíz de una denuncia de actos de tortura por parte de elementos del ejército y de la entonces Policía Preventiva de Baja California (PEP-BC), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y a la gobernadora bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La transgresión a los derechos a la libertad, la seguridad personal y jurídica, y a la integridad de dos personas agraviadas, sucedió en 2011. La primera víctima señaló que en enero de ese año fue a la tienda y luego de escuchar detonaciones de arma de fuego fue asegurado y golpeado por personas armadas y encapuchadas que lo acusaron de ser una de las personas que habían huido. Después de más agresiones que incluyeron que le colocaran una bolsa en la cabeza, fue trasladado a la base de la PEP, donde fue sometido a diversas formas de tortura y después trasladado por elementos del Ejército a las instalaicones militares, donde fue nuevamente agredido. Los actos incluyeron colgarlo "de las manos, sin tocar casi el piso” mientras los militares lo interrogaban y “lo golpeaban con un bate en todo el cuerpo, principalmente en las costillas".
Por su parte, la segunda víctima indicó que en enero del mismo año salió de una casa después de escuchar disparos y en el exterior elementos del Ejército les pidieron salir, después de lo cual lo tiraron al piso, lo golpearon y lo subieron a un vehículo, acusándolo de haber huido. Fue trasladado a las instalaciones de la PEP, donde recibió golpes y además le pusieron “una bolsa de plástico en el rostro, mientras lo golpeaban”, lo insultaban y cuestionaban “dónde estaban las armas y las casas de seguridad”. Después lo llevaron a un cuartel militar donde continuaron golpeándolo y torturándolo con actos que incluyeron toques eléctricos en el cuello y con una especie de martillo de goma le daban golpes en la cabeza”.
La recomendación de la CNDH contempla que Sedena y el Gobierno de Baja California brinden la reparación integral del daño a las personas agraviadas, además de que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral correspondiente y se les otorgue atención médica y psicológica, la provisión de medicamentos y que incluya una compensación. Asimismo, que se investigue y se actúe en consecuencia a los elementos militares y policiacos, así como el personal médico, que participó en los actos denunciados.
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