Redacción
Tijuana.- Derivado del caso de abuso sexual contra seis niñas en el kínder María Lavalle Urbina de Playas de Rosarito, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 7/2022, dirigida a la Secretaría de Educación de Baja California, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE), informó Miguel Ángel Mora Marrufo.
El ombudsperson señaló que en el caso se transgredieron los derechos humanos a la integridad personal, y a una vida libre de violencia, según las investigaciones que la Comisión inició en mayo de 2018, luego de que medios informativos publicaran notas donde se divulgaba que Ulises (miembro del personal de mantenimiento) fue asegurado dentro del jardín de niños en cuestión por agentes de la Policía Ministerial y presentado ante la entones Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que respondiera por las acusaciones de abuso sexual en contra de varias niñas. Asimismo, las notas periodísticas daban cuenta de la existencia de denuncias en contra de Ulises por hechos constitutivos del delito de abuso sexual.
Durante la integración del expediente, la CEDHBC recabó las declaraciones de madres de familia de las niñas que fueron víctimas de abuso, una de las cuales indicó que al ir a presentar la denuncia contra el sujeto, personal de la PGJE le explicó que Ulises había quedado en libertad porque no existía flagrancia, que se había girado una orden de presentación y que llevarían a cabo todo lo necesario para seguir con la investigación y esclarecer los hechos.
La CEDHBC tuvo conocimiento de seis carpetas de investigación en las que se señaló a Ulises como presunto responsable del delito de abuso sexual a menor de 14 años, por lo que tiene una orden de aprehensión activa que no ha sido ejecutada debido a que no ha sido localizado.
Entre las recomendaciones que la Comisión emitió a la Secretaría de Educación y la Dirección General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California están reparar de manera integral los daños ocasionados a las víctimas directas, a través de la atención psicológica y/o psiquiátrica; revisar la actuación de los servidores públicos a cargo del trámite de la investigación administrativa, e impartir al personal adscrito al Órgano de Control Interno y Departamentos Jurídicos de la Isep un curso que incluya un enfoque multidisciplinario en el marco normativo de protección a niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, entre las recomendaciones a la FGE se incluye que se garantice la debida diligencia y exhaustividad dentro de las carpetas de investigación 1 y 2, y que se tomen en cuenta las observaciones y evidencias que se consignan en la presente Recomendación; remitir al Organismo las acciones de investigación realizadas por el personal tendientes a esclarecer los hechos; se envíe este pronunciamiento a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría, a efecto de que se analice la actuación de los agentes del Ministerio Público señalados como autoridades responsables; y se envíen las constancias que acrediten que, en las unidades especializadas en la investigación de delitos sexuales de la FGE, se haya implementado la grabación única de las entrevistas y/o declaración a cargo de las víctimas de delitos sexuales, las cuales deberán ser practicadas por personal capacitado, así como contar con el equipo y estructura necesaria a fin de garantizar la prueba anticipada y la no victimización secundaria.
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