Redacción
Tijuana.- En el primer caso en que el gobierno de Estados Unidos debe rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por abuso e impunidad en la muerte de un migrante a manos de sus agentes fronterizos, las autoridades estadounidenses tienen un mes para dar respuesta a las preguntas que la Comisión planteó sobre la muerte de Anastasio Hernández Rojas, quien murió en un altercado con agentes del CBP en 2010.
La audiencia se efectuó este viernes por el caso del migrante que murió golpeado y electrocutado por agentes de la Patrulla Fronteriza en la garita de San Ysidro el 28 de mayo de 2010.
El caso fue admitido para revisión en la CIDH en 2020, y este viernes se realizó de manera virtual. Las abogadas Andrea Guerrero, de la organización Alliance San Diego, y Roxanna Altholz, de la Universidad de California en Berkeley, presentaron pruebas sobre el caso que, indicaron, es emblemático por ilustrar "el uso excesivo de la fuerza y la carencia de mecanismos para fincar responsabilidades, lo que ha impactado negativamente a personas mexicanas".
Ante los planteamientos, entre los que además de los abusos y excesos cometidos por los agentes fronterizos se incluyó la acusación de destrucción de evidencia en el caso de Hernández Rojas, Peter Mina, oficial de derechos y libertades civiles del Departamento de Seguridad Nacional; Thomas Hastings, representante del gobierno estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y David Bova, de la CBP, solamente reiteraron sus condolencias a la familia, a la vez que aseguraron que las autoridades estadounidenses están comprometidas con los derechos humanos y que posteriormente responderán por escrito.