Redacción
Tijuana.- Con la finalidad de no revictimizar a una menor que sufrió violación y a una mujer víctima de violencia familiar, el Congreso bajacaliforniano aprobó emitir un exhorto para Iván Carpio, fiscal general del Estado (FGE), solicitándole que reactive el caso de una carpeta sobreseída tras no ser debidamente integrada. La propuesta la presentó la diputada Daylín García, quien además pidió a la Legislatura la mayor atención, sensibilidad y respeto considerando el tema del que se trata, y especialmente porque las víctimas se encontraban en el recinto durante su lectura.
“Por petición de las mujeres víctimas presentes, que son valientes y que representan a miles de mujeres de B.C. que no reciben justicia y que no encuentran colaboración institucional para tener la garantía de la reparación del daño y del castigo ejemplar para sus agresores, me permito hacer públicos dos casos muy delicados pero que requieren toda nuestra atención”, indicó. Detalló que el 14 de junio de 2023, durante una audiencia por el delito de violación impropia agravada contra una una menor de edad, se ordenó el sobreseimiento de la causa penal porque se había rebasado el plazo de quince días sin que la Fiscalía formulara la acusación pertinente, lo que calificó como una grave omisión que dejó a la víctima sin justicia.
Con respecto a la otra víctima señaló que como muchas otras mujeres, ha sido revictimizada varias veces, pues la FGE ha desechado carpetas en lugar de agregar todos los delitos relacionados a la carpeta que se abre al recibir una denuncia, lo que en este caso, indicó, repercute por ser delitos graves, no solo a la mujer lactante, sino para la integridad de una bebé que posiblemente podría estar en riesgo. García Ruvalcaba resaltó que la omisión por parte de la Fiscalía puede repercutir profundamente en la vida de las víctimas, por lo que instó a activar todos los esfuerzos para cumplir con la encomienda que el Congreso depositó a Carpio Sánchez para garantizar el acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y de todas las personas que en Baja California son víctimas de violencia y atentados contra su integridad.
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