Redacción
Tijuana.- Como medida contra las instituciones particulares que ofrecen educación superior sin tener Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), la diputada Rocío Adame presentó una iniciativa para que la práctica sea tipificada como delito de Impartición Ilícita de la Educación.
La legisladora propone crear el artículo 359 en el Código Penal del Estado, con la intención de proteger los intereses públicos, pues por un lado fortalece el estado de derecho y además asegura que las personas no sean estafadas por particulares que sin permiso oficial ofrecen licenciaturas ejecutivas y carreras Técnico Superior Universitario (TSU).
Adame Muñoz detalló que en Baja California han sido defraudados al menos mil estudiantes en lo que va del año, por centros educativos de este tipo. Además, añadió, pese a que la existencia de dichas escuelas es evidente, no hay registros que permitan determinar la cantidad exacta, su tipo y modelo, o la población a la que sirven, por lo que muchas operan sin conocimiento de la autoridad competente.
La propuesta de la diputada establece sanción de cinco a diez años de prisión, así como multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el delito, por el que también se sancionaría a servidores públicos en caso de que intervinieran para permitir el funcionamiento de dichos centros de estudio.
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