Redacción
Tijuana.- La impartición de justicia no solo será evaluada con base en números, sino en su calidad, su claridad y el reconocimiento de los ciudadanos justiciables, acordaron el magistrado Alejandro Fragozo, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Baja California, y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura local.
Durante la Glosa del Informe 2022-2023 del Tribunal, el recientemente reelecto para encabezar el Poder Judicial, expuso de manera general lo realizado en su periodo de tres años que concluyó en días pasados, y respondió preguntas de Rocío Adame, Aracely Geraldo, Michel Sánchez, Dunnia Murillo, Alejandra Ang, Evelyn Sánchez, Monserrat Rodríguez, Daylín García, Alejandrina Corral, Víctor Navarro, Ramón Vázquez y Diego Echavarría, integrantes de la JUCOPO, así como del presidente de la misma, Juan Manuel Molina.
En general los diputados reconocieron el desempeño y resultados de Fragozo López, particularmente por el crecimiento de la estructura para la impartición de justicia al haber elevado el número de juzgados familiares, civiles, penales, pero resaltaron la necesidad de que los tres poderes revisen y mejoren la judicialización sin sentido de muchas de las denuncias que solo abultan la estadística.
Explicaron que en ocasiones, con la intención de cumplir con cuotas preestablecidas personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) turna a los juzgados toda clase de asuntos sin la integración debida, incluso algunos prescritos, otros sin elementos para darles curso, y por consecuencia un alto porcentaje son desechados, situación que solo les quita el tiempo a los jueces, contribuyendo a la percepción entre la ciudadanía de que el Poder Judicial es lento, no sentencia o se presta a componendas, cuando las fallas están en la Fiscalía que se ve presionada a cubrir cuotas y recurre a esas prácticas para presentar sus informes.
Los legisladores y magistrados presentes coincidieron en que se tiene que revisar esa parte para cambiar el modelo a seguir y pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo. Ahí deben entrar los tres poderes y en particular la Fiscalía del Estado.
Fragozo López se comprometió ante los diputados a consolidar los avances, y planteó como un nuevo reto la puesta en marcha de un nuevo sistema nacional de procedimientos civiles y familiares que todos los estados estarán obligados a poner en llevarlo al cabo. Asimismo, a promover e impulsar la justicia electrónica donde se detectan resistencias de los abogados, especialmente de los mayores de 40 años que persisten en hacerlo todo de manera presencial.
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