Redacción
Tijuana, 9 de diciembre de 2024.- Con el fin de eliminar el delito de peligro de contagio de salud debido a la ambigüedad y falta de claridad en su tipificación, pues la conducta no exige que se concrete la transmisión o que se genere un daño o lesión, la diputada Michel Sánchez y el diputado Jaime Cantón presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California.
En la propuesta, los legisladores señalan que privar de la libertad a las personas por su condición de salud atenta en contra de sus derecho a la igualdad jurídica, a la no discriminación y a la protección de la salud, así como a los derechos sexuales y reproductivos y a recibir atención médica de calidad, oportuna, segura y eficaz.
Sánchez Allende y Cantón Rocha consideran que el estigma relacionado con enfermedades venéreas u otras enfermedades graves en periodo infectante incluida recientemente el COVID ha sido constante a lo largo de la historia, la discriminación y criminalización lesionan la dignidad humana de las personas que padecen este tipo de enfermedades.
Añadieron que los códigos penales de varios estados incluyen leyes punitivas que criminalizan a las personas que padecen estas afecciones, interfiriendo con las políticas de prevención que deberían prevalecer por sobre la criminalización, pues constituyen una barrera para la prevención, detección y tratamiento, al disuadir a las personas a acudir a los servicios de salud por temor al castigo. El miedo a perder uno de los derechos humanos más importantes como lo es la libertad, inhibe el fin buscado por el propio enunciado establecido en el artículo 160 el Código Penal ya que la penalización mediante el delito de “Peligro de riesgo de contagio” vulnera más derechos de los que pretende tutelar.
Ahora bien, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida la discriminación, entre otras razones, motivada por las condiciones de salud, por lo que la tipificación del delito de contagio es un ejemplo de cómo desde la materia penal, se buscaba regular la salud pública y la salud sexual, al señalar a una persona responsable de la comisión de un delito y criminalizarla por vivir o tener una enfermedad de transmisión sexual.
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