Redacción
Tijuana.- Con la finalidad de reconocer y sancionar la explotación infantil en la entidad, la diputada Araceli Geraldo presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, así como la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California.
La legisladora señaló en su exposición de motivos que la explotación o esclavitud infantil consiste en utilizar a menores para trabajos normales o peligrosos, con fines económicos familiares o de otra índole, ocasionando afectaciones al desarrollo personal y emocional de las víctimas, y vulnerando sus derechos. Indicó que en muchos casos comienzan a trabajar incluso desde los 3 años, realizando labores que no consideramos correctas o adecuadas para su edad.
Geraldo Núñez añadió que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la erradicación del trabajo infantil tiene una prioridad urgente, tras ser un asunto ignorado durante décadas. Asimismo, expuso que actualmente está considerada como prioridad de la Declaración de los Derechos del Niño.
Por otro lado, citó al abandono familiar como origen de esta situación, pues al estar solos los niños deben buscar un trabajo para sobrevivir. En ocasiones, las y los menores no acompañados se ven convertidos en esclavos sexuales, trabajadores forzosos o incluso en niños soldado, esto resulta común en contextos de conflicto y huida, en los que muchos se quedan huérfanos o se pierden en el caos, agregó.
En ese sentido, resaltó que los gobiernos locales deben asumir el compromiso a tomar las medidas necesarias para garantizar estos derechos ya sea de forma administrativa, legislativa o de cualquier otra índole y lograr que las niñas y niños se desarrollen y tengan las mismas oportunidades de alcanzar todo su potencial. En su propuesta, la diputada inicialista plantea adicionar que los sistemas municipales y estatal del DIF apoyen y creen medidas medidas para prevenir que niñas y niños realicen actividades marginales o de supervivencia y/o desarrollen actividades en la vía pública que pongan además en riesgo su estabilidad física y/o emocional, procurando integrarlos a programas compensatorios, como becas, desayunos escolares, lactancia materna, despensas, útiles escolares, entre otros, para protegerlos y evitar su explotación y trabajo infantil. Asimismo, propone añadir al Código Penal la explotación y trabajo infantil como delito en el artículo 261, correspondiente al Capítulo I sobre Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.
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