Redacción
Tijuana.- Con la finalidad de ampliar el concepto de violencia institucional, el diputado César González presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California, subrayando que el Estado tiene el compromiso y la obligación de garantizar la protección de la vida y libertad de las mujeres, la igualdad de género y la no discriminación. El legislador del Partido Verde explicó que para fortalecer e impulsar las políticas sociales encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres son necesarios los programas de igualdad de género, encaminados al empoderamiento económico social, que combatan la desigualdad, los estereotipos y promuevan la equidad, respeto y valoración de la mujer. Afirmó que “debemos tomar acciones que no dejen al libre arbitrio de algunos cuantos, la continuidad y existencia de estos programas sociales implementados para garantizar los derechos de las mujeres”, por lo que propuso reformar el artículo 12 de la Ley referida, de forma que establezca "se considerará violencia institucional el hecho de realizar sin la debida justificación recortes presupuestales o la eliminación de programas sociales cuyas beneficiarias sean mujeres y que estos programas tengan por objeto atender la prevención y erradicación de la violencia, brindar servicios de salud y otorgar algún tipo de apoyo económico". González García agregó también que las numerosas formas y manifestaciones de la violencia hacia las mujeres apuntan a la intersección entre la subordinación basada en el género, además de otras formas que afectan a mujeres en contextos específicos. En ese sentido, dijo que los actos de violencia institucional están asociados con el ámbito de la procuración de justicia, donde se engloban todas las acciones gubernamentales destinadas a la prevención, regulación o atención de casos de violencia hacia las mujeres, y que las y los servidores públicos ejercen violencia institucional, coartando los derechos humanos, cuando obstaculizan el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; contravienen la debida diligencia; no asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado, entre otros casos.