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Busca diputado establecer derecho a salud física y mental de menores en Constitución de BC

Redacción


Tijuana.- Con el fin de establecer derechos para los menores bajacalifornianos en materia de salud física y mental, el legislador César González García presentó una iniciativa para reformar la Constitución del Estado, fundamentado en que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, lograr el máximo grado de salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición socioeconómica.


El diputado del Partido Verde Ecologista de México explicó que con base en lo anterior, es fundamental priorizar la salud y definir acciones que contribuyan a mantenernos saludables tanto en el aspecto mental como físico, destacando que ambas facetas se interrelacionan: “una mente saludable hace que el cuerpo funcione mejor y a su vez un cuerpo sano genera bienestar emocional para evitar enfermedades”, señaló.

Expuso que derivado de las situaciones generadas durante la pandemia de Covid-19, la importancia de la salud mental se ha hecho evidente, pues la mayoría de las personas han sentido tristeza, experimentado ansiedad, preocupación o estrés, y todo ello, en mayor o menor medida perjudica a la salud, agregó. De esa forma, propuso que el inciso a) de la fracción VI del artículo 8 de la Constitución de Baja California se modifique para indicar lo siguiente:

Vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado para su desarrollo integral, salud física y mental, moral y social, en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, la formación integral en el amor a la nación, en la democracia como sistema de vida fundada en el respeto a la dignidad humana y en el principio de la solidaridad social, así como a ser protegidos y asistidos contra cualquier forma de sustracción del seno de la familia sin el debido proceso, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en condiciones de libertad, integridad y dignidad. Para lo cual el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

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