Redacción
Tijuana.- Ante la alta incidencia los casos de extorsión en el país, y las múltiples formas en las que se comete, el diputado Miguel Peña presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California, con la intención de incorporar agravantes para el delito y así clarificar al juez al momento de imponer la pena.
El legislador señaló que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2022 reveló que la extorsión afectó a 5 mil 438 de cada 100 mil habitantes, colocándolo como el segundo delito con mayor incidencia, y destacó que las diversas formas en las que se comete dificultan que se reconozca y combata, por lo que acabar con él es un gran reto.
“No solo extorsionan particulares, sino también el crimen organizado, con cobros de cuotas, los líderes sindicales, funcionarios que cobran por hacer trámites burocráticos o por servicios públicos”, afirmó, y añadió que los casos han incrementado de forma alarmante.
Actualmente, el Código Penal estatal contempla el agravamiento en los casos donde el delito es cometido por asociación delictuosa, por un miembro o exmiembro policial o un servidor público, así como que la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad o adulta mayor. Por ello, Peña Chávez plantea incorporar los supuestos en los que utilice a un tercero, cuando se comete a personas migrantes o indígenas, los provenientes de alguna cárcel del Estado, donde se involucra personal con acceso a base de datos personales, cuando se emplee algún tipo de arma, aquellos en donde exista relación laboral cercana, y cuando autoridades policiacas o servidores públicos cometan actos de corrupción o cobro de piso.
“Con la reforma se pretende ayudar al juzgador a que exista la proporción y razonabilidad adecuada entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, el daño patrimonial, y la posibilidad de que sea individualizada y agravada la pena, según corresponda”, aseveró.
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