Redacción
Tijuana.- Con el fin de atender la problemática de conductas indebidas de servidores públicos encargados de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas relacionadas con violencia de género, mismas que pueden derivar en omisiones graves que podrían afectar el debido proceso, la diputada Alejandrina Corral presentó una iniciativa para reformar el Artículo 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas Estatal.
La legisladora panista explicó que dichas omisiones, principalmente en aspectos relacionados con la investigación e integración de expedientes, pueden ocasionar actos de dilación para la atención de casos, investigaciones deficientes, y errores en el desempeño de la función, corrupción, entre otros, dañando de forma múltiple a las víctimas y familiares relacionados con violencia de género, desvirtuando y deformando las funciones de los servidores públicos encargados de desarrollar los respectivos procedimientos administrativos, al tener consecuencia indirecta la revictimización de las personas denunciantes.
Corral Quintero destacó que existen numerosos esfuerzos federales y estatales para enfrentar la problemática derivada de la violencia de género, al atender los lineamientos establecidos en la Alerta de Violencia de Género, obligando a muchos estados, como Baja California, a legislar con perspectiva de género y establecer un sistema que prioriza en todo momento los derechos humanos de toda mujer. Sin embargo, contrastó, en muchos casos los principales detractores de todo este sistema son los encargados de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas relacionadas con dicho tema.
En ese sentido, afirmó que es necesario endurecer las sanciones para los servidores públicos que no actúan con la probidad correspondiente dentro de sus funciones de investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas relacionas con la violencia de género, “pues de esta manera estamos implementando acciones afirmativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y garantizarles el acceso a una vida libre de violencia”.
Por tales motivos, su propuesta establece que los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando “efectúen acciones de encubrimiento de cualquier tipo que tiendan a la omisión, simulación o dilación en la aplicación de procesos y protocolos de investigación para el esclarecimiento de faltas administrativas relacionadas con violencia de género y que con ello, se afecte de manera múltiple y revictimice a las familias y a la o las personas afectadas”.
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