Redacción
Tijuana.- Con el fin de evitar que quienes sean declarados por sentencia como violentadores de otras personas se postulen para obtener cargos de elección popular, o que puedan adquirir un empleo, cargo o comisión en el servicio público, la Comisión de Gobernación avaló una iniciativa de reforma a la Constitución bajacaliforniana.
La propuesta considera para dicha prohibición a toda aquella persona que cuente con sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal; la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, o que las declare como personas deudoras alimentarias morosas, quienes no podrían ser elegidas para diputaciones, gubernaturas o integrar los ayuntamientos, de acuerdo con la iniciativa para modificar los artículos 18, 42, y 80 de la Constitución Política del Estado.
De forma separada, las iniciativas fueron presentadas por las legisladoras Evelyn Sánchez Sánchez, Liliana Michel Sánchez Allende, Daylín García Ruvalcaba y Monserrat Rodríguez Lorenzo, así como por el diputado Juan Manuel Molina. Al coincidir en la pretensión y visión legislativa, tras su análisis se aprobaron en un solo proyecto.
El 29 de mayo de 2023, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el cual se reformaron los artículos 38 y 102 de la Constitución Nacional, la cual contempla la suspensión de derechos para aspirar u ocupar un cargo de elección popular, así como un empleo, cargo o comisión en el servicio público, (reforma “3 de 3 contra la violencia”).
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