Redacción Mexicali.- Integrantes de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional de la XXIV Legislatura aprobaron, con seis votos a favor y uno en contra, una petición de regidores de la administración ensenadense pasada para someter a juicio político al alcalde -quien se reeligió en el cargo- Armando Ayala Robles, por el método en que se aprobó crear un organismo municipal para el manejo del agua.
La diputada Rocío Adame Muñoz, presidenta de la comisión, explicó -en un comunicado de prensa- que "los actos de ilegalidad que se le atribuyen al presidente municipal, así como al secretario fedatario del Ayuntamiento, se derivan de la mecánica procesal de las sesiones de Cabildo que culminaron con la aprobación del Organismo Operador del Agua en Ensenada, situación que impidió que el cuerpo colegiado edilicio realizara las valoraciones de corte administrativo, financiero, institucional y operativo, pese a que expresamente se lo mencionaron en dichas sesiones".
Ayala decidió "resolver el tema en cuatro minutos y sin documento alguno que solventara todos los aspectos administrativos y financieros que esa determinación traería aparejada. Al margen que en la mecánica procesal que se siguió para obtener la aprobación mayoritaria de Cabildo, se lesionaron valores fundamentales de orden constitucional que debe imperar en toda democracia representativa y popular, en detrimento de las instituciones del Estado de derecho mexicano".
La comisión dictaminadora encontró que "no se encuentrajustificada la necesidad de haber tratado el tema como de 'urgencia extrema' pues el Decreto Facultativo 289 emitido por esta Soberanía y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de 2021, concedía a los municipios del estado, entre ellos Ensenada, plazos prudentes (60 días posteriores a la entrada en vigor) para crear los organismos operadores del agua y 90 días para crear su reglamentación operativa y administrativa".
La finalidad era que los cuerpos colegiados municipales tuvieran la oportunidad de analizar, discutir, organizar y votar todas las determinaciones correspondientes.
La solicitud fue presentada por Diego Alejandro Lara Arregui, Carmen Lidia Salazar Guerra, Brenda Aracely Valenzuela, Raúl Vera Rodríguez, Marisol Sánchez García, Carmen Elizabeth Jiménez García y Adolfo Muñoz Benítez, en su calidad de regidoras y regidores del XXIII Ayuntamiento de Ensenada.
Los diputados locales declararon como improcedentes las solicitudes de juicio político en contra del juez primero de lo Penal de Tijuana, Jaime Galindo Hernández, así como de los integrantes del Ayuntamiento de Tijuana.