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Avala Congreso de BC reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción

Redacción


Tijuana.- Por mayoría de 20 votos contra 2 y una abstención, el Pleno del Congreso de Baja California aprobó un dictamen mediante el que se reforman distintos artículos de la Constitución del Estado, así como la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

El diputado morenista Juan Manuel Molina García, quien preside la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, leyó el documento que establece que la designación del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se haga con base en la terna remitida por la gobernadora o gobernador del Estado, en votación por mayoría calificada de los integrantes de la Legislatura, conforme a las reglas contenidas en la Constitución. Asimismo, avalaron el proceso para designar al fiscal general del Estado y al fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales.


Por otro lado, el Pleno determinó que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) debe integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Adicionalmente, es necesario garantizar el principio de paridad de género.

Los integrantes del CPC deberán reunir los mismos requisitos establecidos en la Ley y se tomará en consideración preferentemente su preparación profesional con carreras afines al conocimiento de las leyes y actos de fiscalización de los recursos.

De igual forma, mientras desempeñen sus funciones, que durarán cinco años, no podrán ocupar un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en ninguno de los tres niveles de gobierno, ni cualquier otro que obstaculice el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. No tendrán posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada.

Deberán además proporcionar, impulsar o impartir cursos en materia anticorrupción, a los funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno, y a instituciones de educación media y superior, al igual que a las personas físicas y morales de Baja California, para la ponderación de la ética y valores.


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