Jaime Flores Martínez
Martes 21 de enero del 2025.- Empoderadamente arrogante, en su primer discurso como presidente de Estados Unidos, el magnate Donald Trump confirmó que concretará sus advertencias y la mayoría de ellas competen a México.
Frente a cientos de aplaudidores que se dieron cita en el Capitolio en la Ciudad de Washington, Donald Trump asentó que “comenzaremos el proceso de devolver millones y millones de extranjeros criminales de regreso a los lugares de dónde vienen”.
Desde luego que esas palabras debieron retumbar en los oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues de inmediato llamó a una reunión de emergencia a sus principales colaboradores.
Y es que las advertencias lanzadas por Donald Trump en semanas anteriores, nunca dejaron saber su intención de deshacerse de personas denominadas convictos y que se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos.
En otras palabras, la señora Sheinbaum seguramente pensaba que las deportaciones anunciadas por su homólogo de Estados Unidos eran masivas y no selectivas.
Todo indica que Claudia Sheinbaum no tenía previsto que Trump intentaría lanzar a nuestro país a todo tipo de delincuentes, lo cual, evidentemente provocará un aumento en los índices delictivos que, por cierto, se encuentran imparables.
En otras palabras, la expulsión de migrantes que delinquen en suelo estadounidense vendrán a hacerlo en la zona fronteriza.
Por ejemplo, si uno de los delincuentes es de origen venezolano, difícilmente tendrá el dinero suficiente simplemente para adquirir alimentos.
La manera más lógica de obtener recursos económicos para su supervivencia, será robarle a cualquier ciudadano de bien.
Seguramente eso no lo tiene contemplado la presidenta Sheinbaum y debió por ello llamar a su secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch.
Sin embargo, habrá que aclarar que el delito de robo forma parte de los delitos pertenecientes al fuero común, lo que significa que las autoridades estatales tendrán que lidiar con este fenómeno.
Desde luego que también están incluidas las autoridades locales, es decir, el gobierno municipal, pues la policía preventiva es justamente la primera respondiente de los delitos.
Si en verdad la cifra de deportados a lo largo de toda la frontera norte de México se calcula en 7000 personas, entonces ciudades importantes como Tijuana recibirán a mil deportados por día.
Un activista empapado del apoyo social a los migrantes estima que, de esos mil migrantes al menos 200 tienen algún tipo de antecedente penal.
Agrega que aún los delincuentes confesos tienen la necesidad de comer, o incluso algunos de ellos pudiesen recurrir a sus familiares en algún país centroamericano para que les manden algo de dinero.
No obstante, ellos necesitan resolver su necesidad de alimentación ese día y su única alternativa sería robar.
El activista en cuestión estima que el gobierno federal no tiene contemplado este escenario y ni siquiera el secretario García Harfuch será capaz de resolver esta problemática, por la simple razón de que corresponde al fuero común, es decir, al gobierno del Estado de Baja California.
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