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Aprueban reformas para fortalecer Centro de Justicia para las Mujeres en BC

Redacción

Tijuana.- El Congreso bajacaliforniano aprobó por unanimidad reformas a diversos ordenamientos en materia de Centro de Justicia para las Mujeres del Estado (CEJUM), mismas que incorporan interseccionalidad, interculturalidad y un enfoque diferenciado en los modelos de atención, prevención, sanción y erradicación para proteger a las víctimas directas e indirectas de violencia familiar.


En la sesión ordinaria realizada el jueves pasado, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, que incluía iniciativas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de la diputada Liliana Sánchez, quienes pretendían fortalecer el funcionamiento del CEJUM, en concordancia con las bases generales establecidas en el Decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, y que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.


La propuesta de la mandataria estatal planteaba modificar diversos artículos, así como la denominación de los capítulos II y III y que adiciona los artículos 4 bis, 4 ter y 24 a la Ley que Crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California; así como modifica los artículos 7, 8, 32, 35, 36 y 44 quinquies a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.

En tanto, la legisladora Sánchez Allende presentó iniciativa de reforma que adiciona un artículo 3 BIS y modifica el artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California; así como adiciona los artículos 16 QUATER y 31 QUATER a la Ley que Crea el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Baja California, donde aborda también los rubros de nuevos derechos de las mujeres víctimas, específicamente a favor de indígenas, con discapacidad y sordas, asimismo diferencia entre víctimas directas e indirectas.

Tras su análisis, la Comisión calificó como acertado el diagnóstico, pues la reforma es tendiente a potencializar el reconocimiento del derecho humano a favor de que toda mujer acceda a una vida libre de violencia. La propuesta incorpora la interseccionalidad, interculturalidad y enfoque diferenciado en los modelos de atención, prevención, sanción y erradicación para proteger tanto a las víctimas, como a las víctimas indirectas de violencia familiar; así como considerar como persona agresora no solo aquella con la cual exista parentesco, sino a quien tenga la responsabilidad de cuidado o apoyo, garantizando así un espectro mayor de cuidado.

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