Redacción
Tijuana.- La llamada "Ley Alina", que modifica diversos artículos al Código Penal, así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California, fue aprobada este jueves por el Congreso local, por 22 votos a favor, cero en contra y una abstención. Con ella, se obliga a la Fiscalía y a las y los jueces actuar con perspectiva de género y presumir la legítima defensa cuando una mujer se defienda de su agresor en caso de ser víctima violencia física, sexual o feminicida, o estar en peligro inminente de serlo, así como la persona que la auxilie para repeler la agresión. La iniciativa para la reforma legislativa fue presentada en enero de este año por la diputada Liliana Sánchez, inspirada en el caso de la expolicía Alina Narziso quien, víctima de intento de homicidio por parte de su pareja, en defensa propia lo desarmó y disparó contra él, ocasionando su muerte, acto por el que se le sentenció a 45 años de cárcel. Posteriormente, la condena fue revocada con el argumento de que actuó en legítima defensa. "Por estos hechos que sensibilizaron a la sociedad bajacaliforniana, principalmente a las mujeres, es que después de contactar a Alina y expresar su consentimiento, decidimos llamar esta iniciativa de reforma como 'Ley Alina', con el objetivo de adicionar en el Código Penal, reglas respecto de la concretización de la legítima defensa como excluyente del delito, así como del exceso dentro de la misma y Adicionar en la Ley de Acceso reglas para el otorgamiento de órdenes de protección”, indicó Sánchez Allende. Por otro lado, en fecha 27 de julio de 2023, se recibió una adenda suscrita por la diputada inicialista, derivada de un minucioso proceso de revisión al proyecto legislativo en colaboración con autoridades del Gobierno de Baja California y la Fiscalía General del Estado, adecuaciones con las que la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, que presentó el dictamen, coincidió plenamente. El nuevo texto refuerza el planteamiento legislativo original y las argumentaciones jurídicas vertidas en el presente Dictamen, lo que se traduce en mayores elementos de seguridad jurídica para los destinatarios de la norma, motivo apto y suficiente para declarar la procedencia jurídica de las mismas, consideró la Comisión.
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