Redacción
Tijuana.- El decreto que permitía a servidores públicos hacer pronunciamientos en respaldo al proceso de revocación de mandato, efectuado en abril de este año, fue declarado inconstitucional de forma unánime por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La medida, impulsada por legisladores morenistas, indicaba que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas", con lo que dejaban el paso libre a que funcionarios públicos participaran abiertamente en el proceso.
Sin embargo, el pleno de la SCJN apoyó el proyecto presentado por Yasmín Esquivel Mossa, quien explicó que el decreto había entrado en vigor cuando los procesos de revocación de mandato y seis comicios locales ya estaban en curso, y las leyes electorales establecen que las reglas para las elecciones no pueden modificarse dentro de ese periodo.
En total, hay 17 gobernadores -incluyendo a la mandataria bajacaliforniana Marina del Pilar Ávila Olmeda-, miembros del gabinete presidencial y líderes morenistas declarados responsables por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de haber hecho declaraciones públicas a favor del proceso de revocación de mandato durante el periodo de veda.