Redacción
Tijuana.- El Gobierno de Baja California concluyó el proceso para expropiar el predio donde se ubica el Club Campestre, al anular la declaratoria de utilidad pública que había emitido en 2021 el exmandatario Jaime Bonilla, y que de continuar podría haber costado al Estado alrededor de 130 millones de pesos.
En la conferencia de este miércoles de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el consejero jurídico de la administración estatal, Juan José Pon, explicó que por instrucciones de la mandataria se analizó "con objetividad y a conciencia" la necesidad de proseguir con el proceso de expropiación, estudio mediante el que llegaron a la conclusión de interrumpirlo.
A la par, explicó Pon Méndez, "el segundo juez de distrito de Tijuana determinó dejar sin efectos este procedimiento". La resolución que señala que el predio es propiedad de la asociación del club social y deportivo fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 25 de marzo pasado.
El funcionario agregó que la administración de Ávila Olmeda es respetuosa del derecho a la propiedad privada, además de que no encontró justificación para la declaratoria de utilidad pública del predio. Asimismo, comentó, a la par de la declaratoria, la administración pasada inició un proceso de nulidad contra un juicio concluido en 1969 para el que "consideramos que no existían los elementos suficientes que respaldaran esta acción y seguramente nos iban a condenar al pago de costas, entre otros conceptos, por 130 millones aproximadamente".