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Acusan de “Pinochetazo” en SEA de BC con aval de Bonillistas

Cicuta News – Regional– 25/10/2020



Tras la autoproclamación de Edgardo Silva Rivera, como presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California; el dirigente electo de dicho comité, Eduardo Arredondo Uribe, emitió un comunicado a través de redes sociales donde rechazó categóricamente la designación, al estilo de un “Pinochetazo”, de Rivera Silva, apoyado por un grupo de Bonillistas.


Pese a que los tribunales desecharon la protesta de Silva Rivera, éste se autoproclamó presidente del CPC del SEA en Baja California, avalado por la secretaria de la Honestidad y Función Pública del estado, Vicenta Espinoza; la síndica Procuradora de Tijuana, María del Carmen Espinoza; y el Síndico de Rosarito, José Luis Zazueta Pérez.


Aunado a la autoproclamación, Silva Rivera firmó un oficio y convocó a sesión del Órgano de Gobierno; por lo que Eduardo Arredondo Uribe emitió un comunicado, rechazando dicha convocatoria.


A continuación, el comunicado íntegro publicado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Eduardo Arredondo Uribe:

Rechaza presidente del CPC del SEA convocatoria ilegal a sesión del Órgano de Gobierno.

MEXICALI.- El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California, Eduardo Arredondo Uribe, rechazó por improcedente la convocatoria ilegal que hizo Edgardo Silva, quién se ostenta como presidente de dicho Comité y también como consejero presidente en Mexicali.

Dicha convocatoria la firman además Vicenta Espinoza Martínez, secretaria de la Honestidad y Función Pública, José Luis Zazueta Pérez, síndico procurador de Playas de Rosarito, María del Carmen Espinoza Ochoa, síndica procuradora de Tijuana, y Ricardo Esteban Zurita López, miembro del CPC.

El intento de convocar a esta sesión es, en realidad, una evidente maniobra que busca socavar la funcionalidad y operatividad institucional del Sistema Anticorrupción, consideró Arredondo

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva del SEA, se trata de un acto ilegal ya que la petición para sesionar debe ser suscrita al menos por 12 integrantes y dirigirse al presidente del CPC; requisitos que no se reúnen en la malograda convocatoria. Por reglamento, el convocante es quien preside el CPC y, por extensión, el Órgano de Gobierno.

El 8 de julio de 2020, Arredondo Uribe fue electo para presidir el CPC por un periodo de un año que concluye en junio de 2021.

"Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley", advirtió Arredondo Uribe, al tiempo de rechazar la pretensión de albazo de Silva Rivera, quien ha estado ausente de los trabajos del SEA desde noviembre de 2019.

A pesar de haber confirmado su asistencia a la sesión para elegir al presidente del CPC, cargo al que aspira por ser su último año en el SEA, Silva Rivera decidió no asistir y optó por presentar una solicitud de amparo para suspender la designación de Arredondo Uribe, representado jurídicamente por Ricardo Zurita, pero el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación en el Estado la rechazó el 27 de septiembre de 2020, al considerarla improcedente y, de facto, confirmó el nombramiento del actual presidente.

"Las consideraciones jurídicas del Juez dan soporte a la negativa de la suspensión solicitada y por consecuencia, reconocen el nombramiento existente a mi favor, como un acto materialmente cierto y legítimo y que inhibe al quejo Edgardo Silva Rivera a ostentarse como titular de dicho cargo", señaló el presidente del CPC.

Arredondo Uribe advirtió que es muy grave que en el ente anticorrupción se pretenda incurrir en un acto ilegal que avalan con su firma la secretaria de Honestidad y Función Pública, dos síndicos procuradores y otro integrante del CPC.

La pretensión de esta sesión es contradictoria toda vez que desde marzo están paralizadas las sesiones del Comité Coordinador del SEABC, a propuesta de la propia secretaria Vicenta Espinoza que se confabuló con Ricardo Zurita y Silva Rivera.

En esa sesión del 12 de marzo, Zurita buscó romper la reunión desde la votación del orden del día al oponerse a la solicitud de investigación de "los moches", consistentes en promover aportaciones económicas a cambio de contratos gubernamentales, la entrega de una notaría pública al sobrino del exgobernador Xicotencatl Leyva Mortera y de la extorsión del diputado Miguel Ángel Bujanda para aprobar el presupuesto 2020, de acuerdo a denuncia del secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano.

Con la mayoría de votos de los representantes gubernamentales, así como de Silva y de Zurita, se acordó suspender las actividades del Comité Coordinador hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregue al Congreso local el engrose de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 119/2017 donde resolvió que todos los integrantes del CPC recibirán pago mensual.

También se promovió un punto de acuerdo del Congreso local para paralizar las acciones del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, así como las sesiones del Comité Coordinador y otras entidades del SEABC.

Luego de compartir el auténtico interés de que funcionen y estén integradas todas las instancias del Sistema Estatal Anticorrupción, facultad exclusiva del Congreso del Estado, incluyendo la regularidad de las sesiones públicas, se refirió al riesgo de salud pública por la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus y por ello "es de suma trascendencia respetar y observar los protocolos y el lineamiento general para la mitigación y prevención en espacios públicos cerrados".

La prudencia y el sentido común se imponen para decidir, en lo inmediato, la no celebración de sesiones públicas, hasta en tanto las medidas sanitarias lo permitan, dijo al tiempo de informar que el Sector Salud no ha emitido opinión ni autorización de las consultas realizadas para tal fin.

Arredondo convocó a los representantes ciudadanos y gubernamentales a hacer del Sistema Estatal Anticorrupción "un verdadero espacio de colaboración y coordinación institucional para dar resultados visibles a los ojos de quienes, al final del día, terminan cargando los gravísimos costos de la corrupción".


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